El Gobierno ya no puede ocultar que la Economía Española está en crisis. El Euribor, el indicador más utilizado en España como referencia para las hipotecas, se ha situado en el 5,418 por ciento, el nivel más alto del índice en once años (y de su antecesor, el Míbor), incrementando en 82 euros los préstamos medios. Esto significa que, si el Euribor permanece estable durante todo el mes de junio, todas las hipotecas constituidas desde 1997 pagarán a partir de ahora más que en su inicio. La cuestión es especialmente preocupante porque una de cada cuatro familias españolas tiene una hipoteca.
En este contexto, el Gobierno ha decidido llevar a cabo la mayor subida de las tarifas eléctricas en los últimos 25 años. Para distraer a la opinión pública, el Ministro de Industria ha insistido en que eximirá del pago de los costes fijos del suministro, que no del consumo eléctrico, a aquellos clientes que tengan contratada una potencia máxima de 3 Kilowatios, una medida que beneficiará a 4 millones de personas, mientras que el aumento de la tarifa afectará a más de 20 millones. La desproporción es evidente, además de no ser una medida progresiva, es decir, que no tiene en cuenta a las familias numerosas ni a las rentas bajas.
Desde mi punto de vista, la subida de las tarifas es consecuencia directa de la incapacidad para anticiparse a la demanda y de la mala gestión del Gobierno durante la legislatura pasada.
Sinceramente, no entiendo la necesidad de este aumento en las tarifas eléctricas, de hecho, ni siquiera creo que existan razones objetivas para ello. Hay que recordar que las grandes empresas del sector: Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Gas Natural y Enagás se encuentran en una situación privilegiada, de un lado obtienen pingües beneficios y, de otro, son de las pocas compañías que mantienen sus niveles de cotización en la Bolsa española.
Dos ejemplos: En el último año, una sociedad grande como Unión Fenosa ganó 986 millones de euros y su cotización sólo bajó un 3%, mientras que, otra más pequeña, Enagás alcanzó los 65 millones de euros y sus acciones se revalorizaron más de un 7%.
En mi opinión, el Gobierno no sólo no combate el encarecimiento de la vida, sino que lo favorece y promociona, permitiendo que los españoles sufran una constante pérdida de poder adquisitivo, lo que permite que, en la práctica, las familias sean cada vez más pobres. Pocas cosas hay menos progresistas que permitir el linchamiento económico de las clases más bajas.
Ante esta situación la opinión pública tiene el derecho a exigirle al Gobierno que se comporte responsablemente y que no olvide que, en una sociedad en que se reduce el consumo, la economía tiende a la recesión.
(9/6/2008)
